El repudio ciudadano ante la degradación y la mafia judicial que libera asesinos y encarcela a inocentes, está removiendo en algo la molicie estatal y gubernamental. El ministro Lima ha tenido que reconocer que desde 2013, en el Órgano judicial operan “organizaciones criminales”; el Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura han instruido intervenciones e informes, algunos opositores han desempolvado “propuestas”, y el propio presidente Arce, “ante la preocupante conducta de los jueces”, ha instruido crear una “comisión” para que investigue la impunidad de los feminicidas. Algunas puntualizaciones necesarias, en un momento que debe ser propicio para la Reforma estructural de la Justicia

El anunciado proceso ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, que podría sufrir contratiempos debido a la huelga de hambre a la cual ella ha ingresado en el penal de Miraflores, ha dado lugar a múltiples observaciones, pues está plagado de irregularidades.

Cuando estamos en un nuevo año, hay cuestiones y adeudos pendientes del pasado que no se cumplen. En consecuencia, dadas las urgencias de las arcas nacionales, se debe exigir que las deudas al Estado sean debidamente honradas. Desde hace muchos años y como resultado de varios procesos electorales, son varios los partidos políticos o coaliciones partidistas que adeudan dinero por concepto de compromisos adquiridos por la política partidista. Es decir, dinero que se comprometieron a pagar y que “olvidaron hacerlo”. Lo interesante es que, antes del proceso mismo en los locales electorales, los jefes y militantes se mostraban “inocentes”, “cándidos”, “dispuestos a cumplir todos sus compromisos”, “proclives a cualquier esfuerzo para cumplir con las leyes” y, en algunos casos, “limpiar ellos mismos, con su militancia incluida, las paredes pintarrajeadas”.

El economista Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial (Foro de Davos), ha escrito un documento sobre la Cuarta Revolución Industrial, hecho también conocido como Industria 4.0 o Revolución Industrial Etapa 4. En su término más simple se trata del entorno que estamos viviendo actualmente, pues se caracteriza porque se desvelan sectores económicos que conocíamos bien definidos como la física, las comunicaciones, la energía, la biología y otros para formar un todo en constante transformación.

La Ley de Organizaciones Políticas No 1096 (de 1 de septiembre de 2018) estableció que hasta el pasado 31 de diciembre, las organizaciones políticas debían actualizar normas internas y dirigencia; sin embargo, deben recolectar firmas de militantes en cantidad que justifique su existencia hasta el 7 de marzo, es decir, un año después de las Elecciones Subnacionales, de conformidad al parágrafo II del artículo 14. De no cumplirse con todo esto, se cancela la personería jurídica.

La salida de la cárcel de Richard Choque Flores, un feminicida que poco tiempo después de su liberación reincidió, ha mostrado una vez más la sórdida y profunda crisis en la que se encuentra la justicia boliviana.

Si a usted aún no le impresiona la cantidad de puestos y tiendas que venden ropa de segunda o “nueva” pero que ya no está de moda, quizás tampoco le interesa que cada día el país genera menos empleos y más vendedores gremiales. Los relatos que escucho por parte de mis papás sobre las 3 fábricas de zapatos que existían en la zona de San Pedro y al menos 4 grandes fábricas de textiles que existían en la ciudad, son alucinantes. Algunas tenían 3 turnos de trabajo, con unas 300 a 500 personas por turno y con productos de excelente calidad.

Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 Santa Cruz sostuvo uno de los paros cívicos más largos de su historia, en demanda de la realización del censo de población, luego que el Gobierno decidiera postergarlo para 2024. En respuesta a esta medida, grupos afines al partido de gobierno llevaron adelante un cerco a la ciudad, impidiendo la entrada y salida de productos por 13 días, en una de las acciones de retaliación más despiadadas de bolivianos contra bolivianos que se hayan visto jamás.

Una de las actividades que más me gustaba hacer, siendo joven aún hace muchos años ya, era aprender de gente experta, lo más posible, para luego compartir el conocimiento adquirido. A estas alturas de mi vida no me arrepiento el haber dedicado tanto tiempo a ello, pues mientras más me instruía, entendí que nunca se acaba de aprender y que, quien se hace el sabiondo, es porque de veras aprendió poco.

Si el abastecimiento de diésel es normal, como asegura Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entonces la pregunta es dónde está el combustible, porque los usuarios se quejan del desabastecimiento.

Nuestra historia fue escrita, desde tiempos remotos, con el sacrificio y la sangre de los trabajadores del subsuelo. Actividad extractiva que favoreció unas veces al bien común y otras a grupos privilegiados. La memoria popular ratifica esta faceta inherente al pasado y presente del país.

En los dos primeros meses del presente año, las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales que hizo el país tuvieron una abrupta caída del 31 por ciento o sea un tercio de lo que se exporta con relación al año pasado, cuando se había anunciado cierta recuperación en este sector de la economía.

Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022, Santa Cruz sostuvo uno de los paros cívicos más largos de su historia en demanda de la realización del censo de población, luego de que el Gobierno decidiera postergarlo para 2024. En respuesta a esta medida, grupos afines al partido de gobierno llevaron adelante un cerco a la ciudad, impidiendo la entrada y salida de productos por 13 días, en una de las acciones de retaliación más despiadadas de bolivianos contra bolivianos que se hayan visto jamás. Paralelamente, a causa de este mismo conflicto, el gobierno nacional decidió suspender las autorizaciones para exportar carne, azúcar y soya producidas en Santa Cruz, generando millonarias pérdidas a los agroproductores, ganaderos y pecuarios.

La Constitución Política del Estado, manda en el Art. 255, II Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Este mandato NO se cumple, porque a través del contrabando y legalmente se introduce a Bolivia, soya y maíz transgénico y otros productos alimenticios, sin control, así como la papa peruana, las frutas de Argentina y Chile y otros.

A nivel internacional tenemos que China y Estados Unidos, potencias económicas y militares, compiten por el liderato económico y comercial; en la gestión 2020 (luego de la pandemia del COVID) EE.UU. alcanzó a exportar a todo los países $us 1.43 billones e importó $us 2.40 billones mientras que China exportó al mundo $us 2.58 billones y sus importaciones fueron de $us 2.06 billones; como se puede observar, EEUU tiene un déficit comercial total de $us -0.97 billones mientras que China tiene un superávit total de $us 0.52 billones.